Los solicitantes deberán ganar como mínimo el equivalente al sueldo medio bruto en el país

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El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva tarjeta azul europea, que establece criterios más flexibles para atraer a la Unión Europea a inmigrantes con una alta cualificación profesional.

Según las nuevas reglas, las personas de terceros países que quieran trabajar en la UE tendrán que presentar un contrato con una oferta laboral de al menos seis meses, frente a los doce que se exigían hasta ahora.

Además, el salario que perciban deberá situarse entre el salario medio bruto del país en el que quieran trabajar y el 160 % de esa cantidad. Con las normas anteriores, que datan de 2009, el salario debía ser de al menos el 150 % del salario medio bruto del país en cuestión.

Los titulares de la tarjeta azul podrán trasladarse a otro país de la Unión Europea, tras haber permanecido un año entero en el Estado miembro que les conceda trabajo. También tendrán derecho a procesos de reunificación familiar más rápidos y sus allegados tendrán acceso al mercado laboral.

Se relajan también las condiciones para los refugiados que hayan demandado asilo en la UE, ya que a partir de ahora se les permitirá pedir la tarjeta azul en un país distinto al que les conceda la protección. En 2019, último año del que se tienen datos, se concedieron en la UE 36.806 tarjetas azules, según la oficina de estadística de la UE, Eurostat.

La tarjeta azul ha sido diseñada para atraer talento y está destinada a personas capacitadas que desean desarrollarse o trabajar en Europa. Cada país europeo determina el número de tarjetas azules que otorga cada año.

Como se indicó anteriormente, los trabajadores deben ganar un salario de al menos 1,5 veces el salario bruto promedio en el país en el que van a trabajar. Este mínimo puede reducirse si la profesión tiene una gran demanda.

Es importante tener en cuenta que cada Estado miembro de la UE tiene un umbral salarial diferente. En 2020, el salario mínimo en algunos países europeos era el siguiente:

Los países miembros de la UE pueden rechazar la solicitud de la tarjeta azul si la persona no cumple con las condiciones anteriores o si los documentos se han obtenido de forma ilegal, han sido falsificados o manipulados.

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